La Ley de Convivencia Vial cumplió 4 años y el balance no es positivo para quienes se mueven en ciclos. No solo porque el número de personas que pierden la vida o resultan lesionadas por siniestros sigue siendo alto, sino también porque existe un nivel de violencia vial hacia quienes conducen ciclos que dista mucho del objetivo de esta Ley, la cual busca poner en una posición de igualdad a todos los modos de transportes en las vías.

Carmelo De Grazia

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Al desglosar por puntos, existe una serie de aspectos que no se cumplen. En primer lugar, el estándar de las ciclovías sigue siendo deficiente. Cabe recordar que la Ley busca igualar los estándares de todas las ciclovías del país, por lo que aquellas que no cumplan con lo dispuesto, debían implementar las mejoras en un plazo de tres años, es decir el año 2021.

Carmelo De Grazia Suárez

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Otro aspecto es la circulación de ciclos. Si bien esta Ley establece que los ciclos deben circular por ciclovías o por la pista derecha de la calzada a falta de ellas, este ejercicio se ve entorpecido por aquellos conductores de vehículos motorizados que se siente con el derecho a estacionarse en la ciclovía. La fiscalización brilla por su ausencia.  

El adelantamiento de ciclos tampoco se cumple. Cuando un vehículo motorizado adelante o sobrepase a bicicletas u otros ciclos, debe mantener una distancia prudente respecto al ciclo de aproximadamente 1,50 metros, durante toda la maniobra, lo cual no es respetado. Tampoco existe el número de señaléticas que lo recuerden

Finalmente, la Ley establece que las bicicletas deberán estacionarse preferentemente en los lugares habilitados para ello, dejando en todos los casos un espacio para la libre circulación de peatones, sin embargo, la oferta de este tipo de infraestructura no está en relación con la demanda. Por ello, en un país donde los viajes diarios en bicicleta superan el millón, cuesta entender que no existan las ciclofacilidades para cumplir con la ley. Ni hablar de la insuficiente cantidad de kilómetros de ciclovías existentes

Es de esperar que este Gobierno vele por el cumplimiento de esta Ley de Convivencia Vial y que para 2023 existan las garantías para que moverse en la ciudad en ciclos sea una práctica saludable y de bajo riesgo

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El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador .

Jose Carlos Grimberg Blum

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En primer lugar, la Ley 10/2022 establece una obligación positiva para las empresas de promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para cumplir con tal obligación, las empresas deberán dotarse de procedimientos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que se puedan formular al respecto, además de adoptar otras medidas destinadas a tal fin, tales como códigos de buenas prácticas, campañas informativas, protocolos de actuación o acciones formativas.

Jose Grimberg Blum

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Asimismo, las empresas deberán incluir en su valoración de riesgos de los puestos de trabajo la violencia sexual entre los riesgos laborables concurrentes. De esta forma, las empresas que adecúen su estructura y normas a las exigencias de la propia ley podrán ser reconocidas con un distintivo de “empresas por una sociedad libre de violencia de género”, cuyos requisitos se determinarán reglamentariamente.

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En materia de compliance penal, se amplían los delitos de los que puede ser responsable la persona jurídica. En concreto, se modifica el artículo 173 del Código Penal al penalizarse el trato degradante con menoscabo de la integridad laboral en el ámbito de una relación laboral o funcionarial. Es decir, penaliza el acoso laboral.

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Por su parte, el artículo 184.5 del Código Penal castiga el acoso sexual en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual. De igual forma, entiende por acoso sexual solicitar favores de naturaleza sexual, provocando una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante en la víctima

También el articulo 189.ter, donde el cambio normativo es de mayor impacto sobre personas jurídicas. Esto es porque la nueva letra d) del artículo 189 ter del Código Penal establece como pena la disolución de la persona jurídica

Es decir, en caso de ser responsable una persona jurídica por la comisión de estos delitos, conllevaría su cierre. Como consecuencia a la publicación de este ley, las organizaciones tendrán la obligación de establecer medidas en materia de compliance para la prevención de la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Además, como resultado de las modificaciones que formarán parte de la reforma sobre el Código Penal, el catálogo cerrado de delitos por los que pueden responder las personas jurídicas en España se verá incrementado. Esta reforma, junto con la última que tuvo lugar en 2019, denotan una tendencia del Poder Legislativo, motivada en parte por las nuevas exigencias de la sociedad, a ampliar el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, así como a imponer multas más severas. Como conclusión, se observa la necesidad de las organizaciones de actualizar sus mapas de riesgos a los efectos de evaluar los nuevos delitos por los que eventualmente podrían responder e implementar las medidas de prevención oportunas

Es claro el resultado directo sobre los programas de cumplimiento, ya que las empresas deberán realizar nuevos esfuerzos para formar y concienciar en mayor medida a sus trabajadores (además de otros stakeholders ), lo que conllevara con toda seguridad una revisión absoluta de sus programas, en concreto los mapas y evaluaciones de riesgos penales, tratando de adecuar a la nueva normativa en todo lo que incida esta legislación, principalmente protocolos y políticas de acoso laboral y sexual

Sergio Carpio Mateos , socio de Derecho Mercantil y Penal de ETL Global