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Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no paran. Por el contrario, como revelará un informe de la Defensoría del Pueblo , sigue aumentando el número en toda la geografía nacional. Desde finales de 2016, activistas ambientales, líderes de restitución de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y defensores de sus comunidades han sufrido nuevas formas de violencia que salieron a flote con el posconflicto.

La situación parece no ceder. El Gobierno anunció esta semana que la tasa de asesinatos a líderes disminuyó un 35 por ciento en el último año, lo que provocó discusiones por la metodología usada en el conteo. Pero es claro que no coincide con las que tienen otras entidades del Estado y ONG.

Más allá de quién tenga la razón, la situación es inaceptable y escandalosa. Cualquier muerte, en especial la de los líderes, amenaza la democracia, la tranquilidad y la vida de miles de colombianos, especialmente, de los que viven más lejos de los centros del poder.

Desde hace varias semanas, el grupo multipartidista Defendamos la Paz impulsa una marcha para el próximo viernes 26 de julio en todo el país a fin de protestar contra este flagelo.  La iniciativa surgió después del estupor ocasionado por el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba, delante de su hijo. Por cuenta de las dramáticas imágenes del menor, quien gritaba y lloraba de pánico por lo ocurrido, muchos han bautizado la movilización del 26 como la marcha del Grito.

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Defender la vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos debe ser un asunto trascendental y de importancia para todos los sectores de la sociedad. Para los que votaron Sí a la paz, para los que lo hicieron por el No, para los gobiernistas y la oposición, para los religiosos y los ateos, para quienes están en diferentes orillas culturales, políticas o religiosas. Con esta idea en mente, SEMANA se sumó a la convocatoria a dicha movilización, e invitó a líderes y analistas de opinión, intelectuales, periodistas y reconocidas figuras públicas para que también se incorporen, con el propósito de defender la vida de los líderes, y de participar, sin pretensiones políticas, del clamor que pide que esta tragedia termine ya.

En las elecciones, las amenazas y asesinatos de líderes aumentan. De ahí la preocupación con lo que pueda pasar en octubre.

La situación en los territorios es cada vez más compleja. Pese a los anuncios, medidas y programas, las amenazas y muertes de líderes sociales en el país no ceden. En los próximos días, la Defensoría del Pueblo dará a conocer el seguimiento a la advertencia hecha en febrero de 2018 (Alerta Temprana n.º 026-18) y la situación de esta población en Colombia.

Tras hacer un p rofundo monitoreo, entre el 1 de marzo de 2018 y el 17 de mayo de 2019, esta entidad encontró que se presentaron 1.608 conductas contra la vida e integridad de líderes sociales y defensores en 334 municipios. Toda una sorpresa y una decepción, ya que el informe de alertas tempranas, presentado en febrero de 2018 –que cubría el periodo de enero de 2016 a enero de 2018–, denunciaba afectaciones a 697 líderes sociales en 322 municipios. Estas y otras cifras llevaron a Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, a notificar que hay un preocupante aumento del 52 por ciento de las acciones contra estos colombianos, y que se extienden a otros sectores geográficos, ya que los ataques pasaron de registrarse en 322 municipios a 334.

Los reportes de la Defensoría, que tiene presencia e información de prácticamente todo el territorio nacional, advierten que los atentados aumentaron un 47 por ciento, y los homicidios, un 13 por ciento. En cuanto a la distribución territorial, los departamentos de Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Nariño, Quindío, Cundinamarca, Putumayo, Chocó, Santander y Cesar, junto con Bogotá, concentran el 73 por ciento de las conductas registradas desde el último informe de la entidad, de febrero de 2018, así como el 86 por ciento de todos los homicidios.

El capítulo de los asesinatos merece un análisis aparte, ya que muestra las fallas a la hora de proteger a los líderes sociales. Según la Defensoría, la mayoría de las víctimas no denunciaron amenazas: de los 196 asesinados, solo 17 lo hicieron. Y, además, “ninguno de estos líderes previamente amenazados contaba con medidas de protección”, dice el informe.

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Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales tienen un papel esencial en la democracia, en la construcción de paz y en el progreso de las naciones. Como advirtió el defensor Negret, “Cualquier acción violenta contra sus derechos tiene un impacto negativo para las comunidades, pues genera daños profundos para el tejido social. De ahí que cuando se quiere acallar a una colectividad que busca cambios o la mejoría de sus situaciones, que afectan intereses de diversos sectores, el mensaje más contundente es segar la vida de sus líderes o los activistas por sus derechos”.

Varios elementos componen las causas del recrudecimiento de la violencia focalizada contra los defensores de los derechos humanos y líderes sociales. En ellos se combinan la tradición del conflicto y las violencias, y otros hechos coyunturales. La Defensoría mostrará cuatro factores:

1. Tras el desarme y desmovilización de las Farc, se ha presentado una rápida y compleja recomposición por el control de los territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de esta guerrilla. El ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) , grupos neoparamilitares y bandas criminales (muchas autodenominadas Águilas Negras, así no existan como grupo) se han lanzado a controlar estas zonas y las economías ilegales e informales que allí se mueven. Entre ellas, el cultivo de coca, el tráfico de drogas, la minería de oro y coltán o el contrabando, en especial de combustible. Incluso, estos tentáculos están llegando, en algunos casos, a la economía formal. En su expansión, dichas fuerzas se han enfrentado entre sí, dejando en el medio a comunidades y líderes sociales.

De acuerdo con los últimos reportes, las AGC y el ELN han hecho más por extenderse y consolidarse, especialmente hacia el Andén Pacífico, los corredores fluviales en Chocó, Cauca, Valle, Nariño, Bajo Cauca, algunas regiones del Caribe y el oriente del país. De igual manera, estas y otras organizaciones criminales chocan en zonas urbanas que conducen a puertos o que facilitan la salida a mercados internacionales. En este complejo coctel emergen frentes y hombres de las denominadas disidencias de las Farc, que, insatisfechos por los avances del proceso de paz con el Gobierno nacional, están recreando antiguos frentes que tenía esa guerrilla. La Defensoría también tiene evidencias de los enfrentamientos del ELN con el EPL en el Catatumbo nortesantandereano.

“En sus territorios, las organizaciones ejercen mecanismos de control e intimidación, que, junto con la defensa de sus diferentes intereses, configuran escenarios de riesgo para la población civil que se encuentra residiendo en el mismo radio de acción donde delinquen dichas estructuras, afectando los derechos fundamentales de sus habitantes. Es así como se destaca la alta afectación a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de las personas que realizan actividades de liderazgo y defensa de los derechos humanos, sin importar su ocupación, condición étnica, género o edad “, advierte la Defensoría.

2. Las dificultades, demoras y señales equívocas en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, junto con el rompimiento de los diálogos con el ELN, han creado mayores riesgos para los líderes y defensores. De acuerdo con las cifras, en los territorios en donde se concentran los planes y proyectos, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial , también se focaliza la mayoría de acciones contra estas personas. Se trata, en especial, de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó . Muchos de los líderes y defensores amenazados o asesinados defienden y promueven la sustitución de cultivos ilícitos, la normalización y uso de la tierra, proyectos productivos de emprendimiento para excombatientes, entre otros. Eso hace inevitable el choque con quienes quieren lo contrario.

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Por otra parte, el limbo en el que quedó la mesa con el ELN y la rápida expansión de esta guerrilla en zonas que eran de las FarcNorte de Santander, Magdalena Medio, Nariño y Putumayo– están poniendo a los defensores y líderes en situaciones complejas. Mientras que ellos promueven los acuerdos de paz o la defensa de sus comunidades, otros quieren reactivar la lucha armada.

3. La implementación de la política pública de prevención, coordinación interinstitucional y mecanismos de protección a los líderes sociales no está funcionando. Como se recuerda, en el último cuatrienio de Juan Manuel Santos, el Gobierno expidió varios decretos que buscaban mejorar el Programa de Protección a Personas en Riesgo. Inicialmente, hubo problemas de financiación que, unidos a los bandazos dados al comienzo del Gobierno de Duque, no han permitido que los mecanismos de protección pasen del papel a la realidad.

“El Gobierno tiene la responsabilidad y el deber de asegurar que se adopten las medidas pertinentes para lograr los fines previstos en la política pública. Estas normas, si bien no son una solución definitiva a las vulneraciones de los derechos fundamentales, fueron construidas con miras a mejorar los mecanismos de protección existentes”, advierte la Defensoría. El Ministerio del Interior se la está jugando con el Plan de Acción Oportuna (PAO) para tratar de robustecer la estrategia de protección. Pero lo cierto es que los resultados no se ven. En los territorios, los líderes sienten que no basta con aumentar la presencia militar, y en el ministerio los funcionarios no tramitan oportunamente las respuestas a las alertas tempranas que envía la entidad.

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4. Los procesos electorales también implican indirectamente una amenaza a la integridad y la vida de los líderes sociales. Entre mayo y agosto del año pasado hubo 71 homicidios, el 40 por ciento de los 178 ocurridos en 2018. En las elecciones regionales de este año podría configurarse un escenario similar, en especial porque estas personas trabajan en el nivel local (municipios, corregimientos y veredas). Eso significa que estarán involucrados irremediablemente en las contiendas electorales, bien sea como posibles candidatos, participantes de las campañas o veedores ciudadanos de la contienda electoral, lo que incrementa los niveles de riesgo. La situación se hace más compleja frente a la aparición de nuevas expresiones políticas como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), la expansión de otros partidos como el de Colombia Humana o las aspiraciones políticas de campesinos, indígenas y comunidades negras, entre otros.

Por su parte, el investigador Ariel Ávila, miembro de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que hay tres asuntos que le preocupan: el aumento de la violencia y las intimidaciones a los líderes en los meses previos a las jornadas electorales; el incremento de acciones contra líderes ambientales; y las Águilas Negras . “Este grupo desapareció en 2011. No hay un mando, un campamento ni tropas que se conozcan, pero los panfletos y acciones en su nombre han crecido. Las autoridades deben determinar si existe o no. Nosotros hemos podido documentar que grupos como el Clan del Golfo, sicarios e incluso militares en Caquetá usan esa fachada para adelantar acciones criminales”, dijo Ávila.

La tragedia de los líderes sociales debe salir de las lógicas y frases típicas que han justificado por décadas la barbarie del conflicto y la violencia. De ahí el llamado final que hizo el defensor del Pueblo a SEMANA: “La violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos no es responsabilidad ni de este ni del anterior Gobierno: es un asunto que nos debe involucrar a todos como sociedad y como Estado. El fenómeno se ha sostenido en el tiempo, y hemos recomendado al Gobierno del presidente Santos y al del presidente Duque que de manera urgente se establezca un marco de garantías integrales para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, traducido en una única política pública. Veo con mucho interés la intención del Gobierno de generar un documento Conpes para ello”.