home Sin categoría LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EN VENEZUELA

LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EN VENEZUELA

Por: Alvaro Ledo Nass

I.- RÉGIMEN EN VENEZUELA PARA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL EXPEDIDO POR UN TRIBUNAL CIADI O POR UN TRIBUNAL ORGANIZADO BAJO REGLAS UNCITRAL CON SEDE EN EL EXTRANJERO

En el caso de ejecución de laudos o decisiones de Tribunales Internacionales, existen varias normas tanto nacionales, como internacionales que son aplicables en Venezuela, e igualmente, existen criterios orientadores emanados de la jurisdicción constitucional, como cúspide del Poder Judicial venezolano, y máxima y último intérprete de la Carta Magna.

© Alvaro Ledo Nass pdvsa

Así, antes de entrar a analizar la normativa nacional e internacional aplicable en Venezuela para la ejecución de decisiones arbitrales proferidas contra un Estado o instituciones de dicho Estado, es menester traer a colación los principios generales que rigen la recepción en nuestro país, de decisiones internacionales.

© Alvaro Ledo Nass pdvsa

Al efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 18 de diciembre de 2008, recaída en el caso Gustavo Álvarez Arias y otros vs Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 05 de agosto de 2008 , estableció como regla general, que ninguna norma de un Pacto Internacional, puede contradecir al sistema de principios y valores constitucionales que fundamenta nuestro Estado de Derecho, lo cual incluye las consideraciones de política constitucional, que forman parte del criterio axiológico que guía nuestro sistema jurídico. Así señaló la Sala que:

“?en caso de antinomia o contradicción entre una disposición de la Carta Fundamental y una norma de un pacto internacional, correspondería al Poder Judicial determinar cuál sería la aplicable, tomando en consideración tanto lo dispuesto en la citada norma como en la jurisprudencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo al contenido de los artículos 7, 266.6, 334, 335, 336.11 eiusdem y el fallo número 1077/2000 de esta Sala.

Sobre este tema, la sentencia de esta Sala Nº 1309/2001, entre otras, aclara que el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución y que la interpretación debe comprometerse, si se quiere mantener la supremacía de la Carta Fundamental cuando se ejerce la jurisdicción constitucional atribuida a los jueces, con la mejor teoría política que subyace tras el sistema que se interpreta o se integra y con la moralidad institucional que le sirve de base axiológica (interpretatio favor Constitutione). Agrega el fallo citado: “en este orden de ideas, los estándares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado”.

Concluye la sentencia que: “no puede ponerse un sistema de principios supuestamente absoluto y suprahistórico por encima de la Constitución” y que son inaceptables las teorías que pretenden limitar “so pretexto de valideces universales, la soberanía y la autodeterminación nacional”.

En el mismo sentido, la sentencia de esta Sala Nº 1265/2008 estableció que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos?(?) sobre los intereses particulares?”.

© Alvaro Ledo Nass pdvsa

Como puede apreciarse, la sentencia consagra un principio capital dentro de la ciencia constitucional venezolana, y es que, el Derecho es un sistema normativo al servicio de la política constitucional que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución, y, por tanto, la interpretación jurídica de los jueces, debe realizarse en sintonía con los fundamentos políticos que sustentan el Pacto Social, por lo que ninguna norma internacional, o Laudo arbitral que contraríe tales principios, será ejecutable en nuestro país.

En el ámbito concreto del arbitraje, también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido que, el arbitraje, aunque constituye una actividad jurisdiccional, “?no pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa”.

También ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que los organismos arbítrales internacionales, si bien pueden dirimir los conflictos “?que pertenecen o donde esté interesada la jurisdicción venezolana”, sin embargo, en ejercicio de dicha jurisdicción, “imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad de la Constitución”, así como que, de no adaptarse a las normas y principios constitucionales, los actos jurisdiccionales ejecutables en el país que produzcan los organismos de arbitraje internacional, “?se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección de la Constitución”.

© Alvaro Ledo Nass pdvsa

Igualmente, se estableció en la última de las sentencias comentadas que, los Tribunales Arbitrales venezolanos, o aquellos cuyas decisiones se pretendan ejecutar en territorio nacional, están sometidos, al control que sobre la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, ejerce el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano en Sala Constitucional. Señaló al efecto:
“Ahora bien, los Tribunales que ejercen la jurisdicción venezolana así sean parte de la justicia alternativa en la forma señalada, imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, así se trate de una justicia alternativa de equidad (artículo 334 constitucional que no hace diferencias), y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, y como máximo y último intérprete de la Constitución, velará porque todos los órganos jurisdiccionales interpreten uniformemente y apliquen la Constitución, por lo que las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, deberán ser aplicados por todos los órganos (ordinarios o alternativos, estos últimos en todos sus variantes) que produzcan actos jurisdiccionales ejecutables en el país. Caso de no ser así y no adaptarse al sistema constitucional venezolano, ellos, por inconstitucionales, se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección de la Constitución.”

De esta manera, el análisis de las normas nacionales e internacionales aplicables en Venezuela para la ejecución de Laudos Arbitrales Internacionales, debe concatenarse y condicionarse a los principios generales antes descritos, pautados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante. Incluso, es posible ejercer, ante la aludida Sala Constitucional, una acción de revisión de la constitucionalidad de un fallo que pretenda ser ejecutado en nuestro país, siempre y cuando se demuestre el interés procesal requerido al efecto.

Normativa nacional que rige la ejecución de Laudos Arbitrales

¿Cabe el exequátur contra el laudo arbitral?

El Código de Procedimiento Civil venezolano se dedica en su Título X, a la regulación “De la eficacia de los actos de autoridades extranjeras”. Señala al efecto que, corresponde a la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), declarar la ejecutoria (artículo 850) de la sentencia de las autoridades extranjeras, sin lo cual, no tendrán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutada.

Ahora bien, el artículo 851 señala los requisitos de la sentencia extranjera para recibir fuerza ejecutoria en Venezuela y, dentro de tales requisitos, consta (ordinal 3°) que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas, e igualmente (ord 6º) que no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público interior de la República.

Como puede apreciarse, se trata de dos disposiciones muy relevantes ante cualquier decisión de arbitraje internacional contra un Estado extranjero, o una institución pública extranjera, máxime cuando en nuestro país, existe un criterio doctrinal y jurisprudencial orientado hacia el respeto tanto de la soberanía nacional, como la de los demás Estados en los asuntos trascendentales para su vida económica-social, tal y como explicaremos más adelante.

No obstante, la entrada en vigencia de normas específicas sobre el tratamiento de supuestos de hecho relativos a ordenamientos jurídicos extranjeros (Ley de Derecho Internacional Privado), y al arbitraje comercial privado (Ley de Arbitraje Comercial), sembraron la duda en el mundo jurídico venezolano, acerca de la vigencia y aplicabilidad de las normas antes aludidas del Código de Procedimiento Civil.

Así, señaló la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 04 de julio de 2000, recaída en el caso Mariana de los Ángeles Hernández Crespo, que los artículos aludidos del Código de Procedimiento Civil (850 y 851) relativos a la eficacia de los actos de autoridades extranjeras, estaban derogados por la Ley de Derecho Internacional Privado. Indicó en este sentido: “A tal efecto se observa que el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, derogatorio de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, recepta los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjera tengan efecto en Venezuela”.

En agosto de 1998 (Gaceta Oficial Nº 36.511 de 6 de agosto de 1998), se publicó la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual en su artículo primero, señaló que los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela; y en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; siendo que, a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.

Sobre el caso particular de la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, en el artículo 62 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se señala que todo lo concerniente al arbitraje comercial internacional, se regirá por las normas especiales que regulan la materia . Al remitirnos a las normas especiales que rigen la materia, nos encontramos, si se trata de un arbitraje comercial privado, con la Ley de Arbitraje Comercial, cuyo régimen analizaremos más adelante.

Sin embargo, pensamos que si se trata de un Arbitraje Internacional de Inversión (uno donde estén involucrados Estados o instituciones públicas extranjeras), no es aplicable la Ley de Arbitraje Comercial, y por lo tanto, la normativa que rige la materia, será diferente, debiendo tomarse en cuenta las previsiones en materia de asignación de competencias establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.522 de fecha 1º de octubre de 2010).

Y es que, el Arbitraje Internacional de Inversiones es una categoría diferente al arbitraje comercial, por cuanto se trata del sometimiento de Estados soberanos a un proceso extraño a su camino jurisdiccional natural. Al efecto, señala RONDÓN DE SANSÓ que: “?las únicas vías para demandar al Estado fuera de su territorio y fuera del ámbito de su jurisdicción eran, hasta fecha cercana, las acciones por ante el Tribunal de Justicia Internacional, que conocía justamente de problemas de soberanía (territorio, actos de gobierno, límites). Más recientemente se abre la indicada posibilidad ante los Tribunales de Derechos Humanos, pero en el orden histórico, el fenómeno de mayor importancia va a estar constituido por los Tratados de Inversión Internacional, ya que los mismos aportan la oferta máxima a los inversionistas, constituida por el arbitraje internacional, mediante el cual adquieren, la facultad de demandar al Estado por incumplimiento de los acuerdos de inversión por ante organizaciones arbitrales. Es decir, por tal vía se logra sacar al estado de su ámbito territorial; de su normativa jurídica, para entregar las controversias que deriven de las inversiones a árbitros?”

En la época contemporánea el arbitraje internacional de inversiones adquiere un desarrollo, una dimensión y unas características tan particulares, que lo sitúan como una institución específica, que requiere de estudios y experiencias especializados, mucho más en los casos como los presentes en el objeto de la consulta, en donde está involucrado el Derecho Internacional Económico.

Venezuela suscribió la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados emanada de la Asamblea General de la ONU, y es política de Estado, de orden público, el reconocimiento y aplicación de tales principios. En efecto, en fecha 12 de diciembre de 1974 fue adoptada mediante la Resolución 3281 del XXIX período de la Asamblea General de la ONU, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Como antecedente de esta Carta, puede mencionarse la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, N° 1803 del 14 de diciembre de 1962, intitulada Soberanía permanente sobre los Recursos Naturales, que consagra, como explica RONDÓN DE SANSÓ , el reconocimiento absoluto del derecho inalienable de los Estados de disponer libremente de sus riquezas naturales; así como, que la asistencia técnica, préstamos o inversiones extranjeras no pueden realizarse en condiciones contrastantes con los intereses del Estado que los recibe.

Ahora bien, la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados de 1974, contempla como principios rectores de las relaciones entre Estados: el respeto absoluto a la soberanía, y, el arreglo pacífico de las controversias.

La Carta pretende que las inversiones extranjeras, la transferencia de tecnología, los préstamos y asistencias estén orientados al logro de los objetivos de desarrollo propuestos en la misma, y como tal distingue los derechos y deberes que, en función del desarrollo, corresponden a todos los Estados; de los que son propios de los países desarrollados (a los cuales insiste en enunciar sus deberes), y de aquellos que corresponden a los países en desarrollo (a quienes les enuncia preferentemente derechos).

No se pretendió con ello generar alguna desigualdad, sino aplicar el principio de justicia social internacional (aceptado en la propia Carta como fundamental para las relaciones internacionales), conforme al cual los países dotados de mayor riqueza tienen mayores obligaciones frente a los países más débiles.

Con ese criterio, y con el respeto absoluto a la soberanía de cada Estado, el artículo segundo de la Carta, consagra los llamados derecho al desarrollo, y a la soberanía económica, al indicar que todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre todas sus riquezas, recursos naturales y actividades económicas. También se contempla el derecho de todo Estado de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de la jurisdicción nacional, con arreglo a sus leyes y reglamentos, y ninguno estará obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera (letra “a” del punto 2 del artículo 2). Igualmente se reconoce el derecho de todo Estado de “reglamentar y supervisar las actividades de empresas trasnacionales que operen en su jurisdicción, y dictar medidas para que esas actividades se ajusten a su normativa y a sus políticas económicas y sociales. Las empresas trasnacionales no podrán intervenir en los asuntos internos de los Estados”. Incluso se le reconoce a cada Estado la facultad de establecer un proceso cualitativo destinado a cambiar las estructuras económicas y sociales, cambio que tiene como finalidad el progreso material y espiritual de todos los pueblos, especialmente los que luchan contra el subdesarrollo.

De igual forma la letra c del punto 2 del artículo 2, otorga el derecho de nacionalizar, expropiar, o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes, indicándose asimismo que “en cualquier caso en que la cuestión de la indemnización sea motivo de controversia ésta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus Tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos y sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los medios”.

En el mismo sentido, el artículo 7 señala como “responsabilidad primordial de todo Estado”, el promover el desarrollo económico, social y cultural de su pueblo, señalándose que, a tales efectos, cada Estado tiene el derecho y la responsabilidad de elegir sus objetivos y medios, de movilizar y utilizar cabalmente sus recursos, de llevar a cabo reformas económicas y sociales progresivas y de asegurar la plena participación de su pueblo en el proceso y en los beneficios del desarrollo.

Ahora bien, mucho se ha discutido sobre la validez de sus normas , sin embargo, la doctrina ha precisado, con razón, que siendo el Derecho Internacional Económico una parte del Derecho Internacional General, por lo tanto, está sometido a los principios y fuentes consuetudinarias de éste. Siendo así, debe atenderse a la triple jerarquía de las normas internacionales en general. Estas son: a) Reglas de carácter programático; b) Reglas ordinarias de contenido dispositivo; y, c) Reglas del ius cogens internacional.

Y es que las normas de la Carta, no pueden considerarse sino del tipo de mayor jerarquía a nivel internacional (esto es del ius cogens), y que según los términos del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 son las: “que constituyen una norma aceptada y reconocida por la Comunidad de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada por una norma posterior de Derecho Internacional que tenga el mismo carácter”.

Como bien expone RONDÓN DE SANSÓ, las distintas denominaciones que se utilizan para aludir a los compromisos de Derecho Internacional Público (por ejemplo Carta, Convenio, Convención, Tratado, Estatuto, Capitulación, Reglamento, Pacto, etc), no afectan la obligatoriedad de los mismos, y su carácter vinculante si: a) son una manifestación concordante de voluntades; b) son suscritos entre sujetos de Derecho Internacional; c) están destinados a producir efectos jurídicos; y, d) son regidos por el Derecho Internacional.

Por lo tanto, si bien los Estados tienen el derecho de pactar libremente mecanismos especiales de solución de controversias, en Tratados o en contratos internacionales, no es menos cierto que, una controversia derivada de decisiones soberanas de un Estado, al menos no puede considerarse como un asunto meramente “privado” sino que, forma parte con independencia de los protagonistas (un Estado o una de sus instituciones públicas), del Derecho Internacional Económico regulado en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

En consecuencia de lo expuesto, consideramos que las controversias derivadas de arbitrajes contra un Estado extranjero o alguna de sus instituciones, no son asimilables a simples casos privados, por lo que no le son aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial, requiriéndose para la ejecución de las decisiones derivadas de éstos, de exequatur.

Lo anterior se refuerza si analizamos el contenido de las normas atributivas de competencias establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde nos daremos cuenta de que, el legislador quiso que las decisiones arbitrales que escapen de la noción comercial, pero que obviamente no llegan a constituir una decisión jurisdiccional extranjera, tuvieran un régimen específico de exequatur.

Así, el numeral 2º del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “Son competencias de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia: ?2.- Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley”.

Nótese que, la norma se refiere al supuesto de exequatur de las sentencias emanadas de autoridades jurisdiccionales (esto es judiciales formales), para lo cual, le atribuye la competencia a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, la propia ley, consagra un supuesto diferente de exequatur, en el numeral 23 de su artículo 26, según el cual: “Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:?23.-Los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o en la ley”.

Se trata de un caso específico, donde el legislador no menciona la expresión “autoridades jurisdiccionales” como sí lo hace en el artículo anteriormente analizado, sino que alude simplemente a “sentencias dictadas por autoridades extranjeras”.

Por ello, pensamos que el legislador se refirió a las decisiones emanadas de Centros o Instituciones internacionales, no asimilables con las autoridades jurisdiccionales extranjeras, pero tampoco subsumibles con una categoría meramente comercial, a la cual le sería aplicable la Ley de Arbitraje Comercial. Adicionalmente, puede observarse que, precisamente la categoría a la que nos referimos como Arbitraje Internacional de Inversiones, donde existe un Estado como parte involucrada, es muy afín a la jurisdicción contencioso administrativa venezolana, que es la encargada de conocer todos los asuntos en los cuales el Estado sea parte, por lo que el legislador, en vez de guiarse por la competencia general de la Sala de Casación Civil para conocer del exequatur sobre sentencias extranjeras emanadas de autoridades jurisdiccionales, quiso en este caso, fijar la competencia específica en la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal, cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa que, como señalamos, es la más idónea para el conocimiento del exequatur sobre decisiones que involucran a un Estado.

Lo anterior, nos lleva a concluir que, las decisiones de arbitrajes en los cuales esté involucrado directamente un Estado extranjero (por ejemplo decisiones CIADI), o una institución pública actuando bajo normas de Derecho Público, sí requieren de exequatur en nuestro país, el cual debe ser conocido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En el caso de arbitrajes en los cuales ninguna de las partes sea un Estado, sino que se trate de entes comerciales, pudiera argumentarse sin embargo, que resultan aplicables las disposiciones de la ley específica de la materia, esto es la Ley de Arbitraje Comercial (Gaceta Oficial Nº 36.430 de 7 de abril de 1998).

La ley venezolana de arbitraje comercial establece el régimen de ejecución del laudo arbitral señalando al efecto lo siguiente:

1.- Reconocimiento del laudo. El artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que el laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable.

2.- Ejecución forzosa. La misma ley de arbitraje comercial en el citado artículo 48, indica que cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito al tribunal de primera instancia competente, la ejecución forzosa del laudo, sin que se sea necesario el exequátur “según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de la sentencia”. En tal caso, la parte que invoque o pida la ejecución del laudo, debe acompañar a su solicitud copia certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano, si fuere necesario.

3.- Denegación del reconocimiento o de la ejecución del laudo arbitral. El artículo 49 de la Ley de Arbitraje Comercial señala que la denegación del reconocimiento o la ejecución, cualquiera que sea el país que lo haya dictado solo se podrá producir por las siguientes razones:

a) Incapacidad de la parte cuando se celebrara el acuerdo. Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad en el momento de la celebración del acuerdo de arbitraje;
b) Indefensión. Se trata de los casos en que las partes contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro, o bien, de las actuaciones arbitrales que lo exijan o no ha podido o no hubiere podido por alguna razón hacer valer sus derechos.
c) Falta de sometimiento del procedimiento o del tribunal arbitral a la Ley del país donde el mismo se efectuara.
d) Laudo relativo a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contentivo de decisiones que excedan del acuerdo.
e) Carencia de carácter vinculante para las partes, o bien, anulación o suspensión del laudo por autoridad competente, de acuerdo a lo convenido.
f) El Tribunal de reconocimiento o ejecución demuestra que según la ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o bien la materia es contraria al orden público.
g) El Acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las partes lo han sometido.

De esta manera, salvo las causales establecidas en la Ley de Arbitraje Comercial, la ejecución de los laudos relativos a asuntos comerciales privados, se rigen por el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial el cual señala que el laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.

Dicha normativa, está constituida por los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, correspondiente a la Ejecución de la Sentencia, el cual señala que la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Si fuere un Tribunal de arbitramento el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá al Tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado el arbitramento.

Todo lo anterior lleva a concluir que, la posibilidad de ejecutar un Laudo Arbitral en un asunto privado, sigue, simplemente, la misma suerte que una sentencia emanada de los órganos jurisdiccionales competentes. Es decir, en primer lugar, la solicitud de cumplimiento voluntario (artículo 524 CPC) y luego, la ejecución forzosa (artículo 526 CPC).

Normativa Internacional aplicable en Venezuela

La primera normativa internacional aplicable en nuestro país en materia de ejecución de Laudos extranjeros, es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que fue aprobada mediante Ley del Congreso de la República, publicada en la Gaceta Oficial N° 33.144 del 15 de enero de 1985. Esta Convención Interamericana se denomina Convención de Montevideo, porque fue suscrita en dicha Ciudad de Uruguay el 8 de mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especializada sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-II), y fue aprobada por los Gobiernos de los Estados miembros de la OEA, quienes establecieron como su motivación: “que la administración de justicia en los Estados Americanos necesitan su mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales”.

La Convención se aplica “a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los Estados parte, a menos que, al momento de la ratificación alguno de estos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia patrimonial”.

Señala igualmente, el artículo 1, que cualquiera de los Estados podrá declarar al momento de la ratificación que se aplica también a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por las autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y, a las sentencias penales, en cuanto se refieran a ala indemnización de perjuicios derivados del delito.

El artículo 2 de la Convención establece una serie de condiciones para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras y laudos arbitrales, ellas son:
1.- Que vengan revestidos de las formalidades externas para que sean considerados auténticas del Estado de donde proceden.
2.- Que la sentencia, laudo y los documentos anexos estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado en el cual deban surtir efectos.
3.- Que estén debidamente legalizados, de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efectos.
4.- Que el Juez o Tribunal sentenciador tengan competencia en la esfera internacional, para conocer y juzgar el asunto, de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto.
5.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en la forma legal, en forma sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado, donde dichos textos deban surtir efectos.
6.- Que haya sido asegurada la defensa de las partes.
7.- Que tengan el carácter de ejecutoriados, o en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados.
8.- Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado donde se pida el reconocimiento o la ejecución.

La ley del Estado donde se pida el cumplimiento es la que regula los procedimientos y la competencia de los órganos judiciales.

La otra normativa internacional de importancia en materia de ejecución de Laudos Arbitrales extranjeros, que resulta aplicable en Venezuela, es la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York), aprobada por una conferencia diplomática en New York el día 10 de junio de 1958, y preparada por las Naciones Unidas antes de que se creara la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El aludido texto es considerado como uno de los instrumentos fundamentales del arbitraje internacional, y su texto exige que todo foro judicial competente de un Estado contratante ante el que se interponga una acción concerniente a una cuestión que haya sido objeto de un acuerdo de arbitraje, o de una cláusula compromisoria, remita dicha causa a arbitraje, al tiempo que dicho foro deberá también reconocer y dar fuerza ejecutoria a todo laudo arbitral emitido en algún otro Estado, a reserva de ciertas excepciones de limitado alcance. Esta Convención entró en vigor el 7 de junio de 1959.

En Venezuela fue objeto de una ley aprobatoria del Congreso de la República, publicada en la Gaceta Oficial N° 4.832 Extraordinaria, del 29 de diciembre de 1994.

Esta Convención, otorga a los países signatarios, la posibilidad de establecer la extensión de la misma, es decir a que Estados se aplicará. En nuestro caso se utilizó el criterio de la reciprocidad, es decir, se aplicaría la Convención siempre que el Estado de origen de la parte invocante sea signatario de la Convención, pero además, Venezuela reservó expresamente la aplicabilidad de la Convención, para aquellos asuntos considerados de naturaleza comercial de acuerdo a su legislación , con lo cual, una decisión sobre un asunto no comercial, tal y como se ha analizado (demanda contra un Estado extranjero o una de sus instituciones por haber ejercido sus derechos soberanos conforme a la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados), no puede ser ejecutada en su territorio.

II.- EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONTRA UN ESTADO O ENTE PÚBLICO EXTRANJERO. APLICABILIDAD O NO DE LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

El tratamiento que recibiría el proceso de ejecución de un Laudo dictado contra un Estado extranjero, está regido por la misma normativa que hemos analizado en el punto I de la presente opinión, esto es, la necesidad de obtener un exequatur si se trata de un Laudo dictado en una controversia en la cual el Estado extranjero o una de sus instituciones actuando en el ejercicio de una potestad pública, formó parte directamente de la controversia (un caso CIADI o UNCITRAL es indiferente), esto es, si se trata de un caso de Arbitraje Internacional de Inversión, el cual no es asimilable a un simple caso de arbitraje comercial. En estos casos, no son aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial, y deberá someterse la controversia a un exequatur previo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la previsión contenida en el numeral 23 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Naturalmente que, este exequatur tomará en cuenta las disposiciones nacionales e internacionales que hemos señalado como aplicables en Venezuela, a los fines de determinar la ejecutabilidad o no de la decisión en nuestro país.

Si por el contrario se trata de un caso en el cual se dicta un Laudo contra una institución perteneciente al Estado extranjero, como lo es una empresa estatal, aunque en nuestra opinión no sería un asunto calificable como privado o comercial, existe el riesgo de que se argumente que tal empresa, actúa en una faceta comercial, en un asunto contractual regido bajo el derecho privado, y que por lo tanto, a la controversia le son aplicables las normas generales de la Ley de Arbitraje Comercial ?por remisión de la Ley de Derecho Internacional Privado- así como las normas internacionales descritas en el punto I de la presente opinión, por lo que podría ser intentado un proceso de ejecución directamente sin exequatur ante los Tribunales ordinarios venezolanos, dependiendo de la cuantía de la demanda.

En ese caso, sólo será posible oponerse a la ejecución (por las razones establecidas en la Ley de Arbitraje Comercial, la Ley de Derecho Internacional Privado y en la Convención de Nueva York), con base al procedimiento general de oposición a la ejecución de las sentencias previsto en el Código de Procedimiento Civil, o ejercer una acción previa de revisión de la constitucionalidad del Laudo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, demostrando el interés procesal legítimo y directo en resolver la controversia.

En ninguno de los dos casos, existe una previsión específica que acuerde inmunidad de ejecución para los bienes de un Estado o institución extranjera, por lo que deberá argumentarse y probarse la aplicabilidad del principio general en nuestro Derecho, de la inejecutabilidad de decisiones en contra de bienes o derechos directamente vinculados a la soberanía.